'Fui miembro de la Comisión Valech'

'Fui miembro de la Comisión Valech'
Mirándolo en perspectiva, creo que trabajar con las víctimas de tortura, buscar comprender sicológica y socialmente lo que ha significado para ellas y sus familias haber padecido este tipo de violación, es lo más importante que he hecho, pero no fue algo que busqué. Estudié sicología porque mi mamá tenía una amiga de esa profesión, una de las primeras que se formaron en la UC, y me pareció tan interesante que cambié mis planes de entrar a filosofía. A mí me interesaba la pobreza, que también es una forma de violencia, pero es distinto a lo que terminé dedicada porque nadie podía predecir lo que venía en el país.


A fines de los setenta llegué a trabajar en el Programa Médico Psiquiátrico de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, Fasic. En 1975 se dictó el Decreto Supremo 504 que permitía conmutar pena de cárcel por extrañamiento y empezaron a llegar personas que habían sido condenadas por consejos de guerra y brutalmente torturadas que buscaban irse al exilio. En el Fasic los ayudábamos con los trámites y a reducir la ansiedad y angustia que les producía lo que habían pasado y tener que irse del país. En esa época no había Google, y algunos teníamos que mandarlos a leer a la biblioteca para que supieran a dónde se iban, qué idioma se hablaba, cómo era la vida en el lugar al que iban a partir.

Más que la parte clínica me interesaba la investigación, quería ayudar a entender qué nos estaba pasando, pero en 1978 fue tal la cantidad de gente que llegó que cualquier intento de analizar, ordenar o pensar quedó sobrepasado por la necesidad de responder a situaciones que excedían nuestros conocimientos. Los abogados ponían recursos de amparo pero los sicólogos no teníamos formación ni estábamos preparados para escuchar a personas tan traumatizadas. Era muy fuerte enfrentarte a una situación de padecimiento para la que tus recursos profesionales eran muy limitados y no tenías claro qué podías hacer. Por eso, una de las investigaciones clínicas más sistemáticas que he hecho es sobre la tortura y propuestas de tratamiento para esos casos. Preocuparse de la salud mental de los perseguidos ha sido una motivación muy central para mí, pero también creo que es un legado que podemos dejarles a los profesionales que empiezan a formarse en esta área.

En la tortura hay una cosa muy íntima porque se pone a la víctima al límite de sus lealtades, de sus fuerzas, de su cuerpo, entonces es muy difícil hablar sobre esto. Además, otra cosa que ocurre con mucha frecuencia es que las personas buscan proteger a sus seres queridos de saber del sufrimiento por el que pasaron. Se produce una fuerte autocensura y cuesta mucho lograr que alguien hable a menos que tenga una fuerte motivación, tal como ocurrió con la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como comisión Valech. A la primera llegaron 36 mil personas a dar testimonio, en la segunda 33 mil más. Eso te habla de un universo que siente que tiene un derecho vulnerado y quiere ser escuchado por el Estado.

Me invitaron en 2003 a participar en esa instancia a raíz de mi trabajo, y me pareció que era coherente con lo que yo había hecho. Para ninguno de los comisionados este era un tema nuevo, pero yo creo que para quienes no había sido su trabajo habitual fue muy, muy duro. Para funcionar se creó toda una estructura y los integrantes nos juntábamos una vez a la semana para ver procedimientos, problemas, analizar situaciones. Además visitamos todo el país. Se pusieron avisos, sobre todo en las radios, y números de teléfono para que la gente pidiera hora. Los primeros días se agendaban cerca de 250 citas. Era importante como equipo tener clara conciencia de las posibilidades y límites de nuestro trabajo. Es bien distinto cuando tú estás en una función terapéutica y te reúnes habitualmente con alguien a hablar que cuando cumples una tarea de Estado de recoger información y tienes un plazo de una hora para la entrevista. A veces eran más cortas, muchos traían sus relatos escritos y eran personas que ya estaban en tratamiento, pero para otros era la primera vez que lo decían y nuestra responsabilidad era que pudieran declarar sin experimentar un quiebre muy fuerte.

Me acuerdo especialmente de una pareja, ambos mayores de 80 años, que relataron su experiencia de detención, uno frente al otro. Nunca se lo habían contado entre ellos. Fue muy terrible para los tres miembros de la comisión que estábamos ahí, era una situación muy dolorosa. A la vez era tranquilizadora, porque lograron decirlo, pero es de todos modos un alivio que viene después de tantos esfuerzos fracasados de comunicación. Esa pareja para mí representó el extremo de la responsabilidad que teníamos como sociedad: cómo estábamos llegando en 2004 a preguntarle a gente que en ese momento tenía 80 años y para la que quizás ya era demasiado tarde para lograr hacer las paces con esa experiencia.

La comisión determinó si las personas que declararon estuvieron detenidas en el lugar en que decían haber estado, porque no tiene cómo probar las torturas padecidas. Por eso los testimonios valen mucho en su conjunto, cuando te topas con 400 casos de personas de distintas partes que hablan de que en un lugar pasaba algo de una manera, bueno, dices "sí, ocurría".

Recientemente la Presidenta Bachelet pidió levantar el secreto a la Comisión Valech I y se ha producido una gran controversia. Aquí hay una tensión entre el derecho a la privacidad de una persona y su voluntad política de denunciar para que se haga justicia. Hay un rango, para unos esto es un asunto totalmente confidencial y, para otros, es un medio de denuncia sobre los atropellos que sufrieron. Ante eso, el gobierno de la época declaró un embargo de 50 años. La comisión, tal como se hace en los trabajos profesionales con datos sensibles, aseguraba la confidencialidad de los datos privados tal como está establecido en las leyes para los archivos con nombres de personas. El embargo posterior lo amplió a todos los documentos reunidos.

El informe que elaboró la comisión recogió los testimonios y los nombres de las personas reconocidas como víctimas, pero organizó la información en forma anónima, es decir, sin decir a quién le pasó qué. La Presidenta ahora quiere que los archivos puedan ser consultados por los tribunales de justicia, porque hay una presión muy fuerte de las organizaciones de ex presos políticos que piensan que la información entregada puede ayudar a corroborar juicios en curso. Entonces, tienes que cautelar los datos privados, respetar la confianza de la gente y, a la vez, satisfacer las necesidades de conocimiento que tiene la justicia. Son documentos con un lado privado y otro público.

Creo que en una sociedad es buena idea revisar decisiones e implicar en ellas a quienes son parte de esa verdad, pero garantizando a la vez sus derechos… y la confianza depositada en el Estado. Eso significa que las personas que no quieran que sus declaraciones sean conocidas las puedan mantener confidenciales y los otros puedan autorizar que un juez pida su información. Eso le da tranquilidad a los que no están de acuerdo con que se abra el secreto y devuelve la discusión hacia el tema principal.

Pero a raíz de esta propuesta se han dicho cosas terribles, hasta se habló de un pacto de silencio e impunidad. Yo me pregunto ¿pacto de silencio de qué? El informe de la comisión describió los recintos, las formas de tortura, hizo un listado de las personas que la sufrieron… ¿qué pacto de silencio sería ese? Me gustaría que me explicaran. Creo que el trabajo hecho ha sido muy importante: este es el único país del mundo que ha reconocido a las víctimas de prisión política y tortura y es una acción muy relevante para las personas.

Tengo la impresión de que el embargo amplifica las expectativas con respecto a la información que no se conoce. Se han producido ciertas fantasías y yo creo que no va a aparecer nada muy distinto a lo que ya sabemos porque lo más significativo es lo que está. Para mí el capítulo más importante del informe es el que se centra en los recintos de detención. Antes de la comisión se sabía de 500, el informe establece que hubo más de mil, con sus direcciones, descripciones, periodos de funcionamiento e instituciones a cargo. No se me ocurre qué más se podría extraer. Pero que yo diga eso no significa nada. Los jueces tienen que ver por sí mismos si les sirve o no.

Me sorprende que algunas personas que han participado en el debate defiendan el secreto como una especie de valor absoluto y que otras lo asocien a la impunidad como un valor absoluto. En los tiempos que corren las cosas no son tan simples. Lo que pasa es que la gente se pone conservadora, tanto en sus ideas de cambio como en sus posturas que apuntan a mantener las cosas como están.

Elizabeth Lira Kornfeld es decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y la primera profesional de esa área en recibir el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Éste reconoce su aporte a la investigación de los efectos de la violencia política en la sociedad.

Comparta esta historia