Debilidad, inconsistencia y burocracia: las características de las reformas en materia de infancia en Chile

Debilidad, inconsistencia y burocracia: las características de las reformas en materia de infancia en Chile
El caso de la muerte de Lissette Villa (11 años) trajo consigo un vendaval de informaciones que terminaron en una sola conclusión: la responsabilidad del Estado en la pérdida de miles de vidas de menores al interior del Sename.


El informe de la Policía de Investigaciones, respecto a la muerte de Lissette en el Centro Cread Galvarino, establece que su estado era una "bomba de tiempo que explotó a raíz del mal manejo de su crisis final" por parte de dos funcionarias del servicio, los que no cumplieron los protocolos mínimos. La misma bomba de tiempo que ha explotado una y otra vez al interior del Servicio, pero que no ha logrado superar la lógica de la discusión política y transformarse en una nueva política social que tenga como centro el resguardo de los niños y las niñas.

Las evidencias saltan a la vista al revisar los resultados preliminares del proceso de observación que desarrolló el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que consignó que casi el 50% de niños y niñas entrevistados denunciaron haber sufrido algún tipo de vulneración, detectándose 213 casos críticos. Estos nuevos antecedentes se suman a los más de 1.300 casos de menores fallecidos en dependencias del Sename en la última década.

La brutalidad de estas cifras llevó a abrir una segunda comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que terminó en un tira y afloja entre el Gobierno y parte de los parlamentarios, centrando el debate en la atribución de responsabilidades políticas de la ex ministra Javiera Blanco y ex directores del servicio, lo que –según los especialistas del Observatorio de la Infancia– dejó a un lado, y fuera del foco público, un problema más profundo: la incapacidad del Estado chileno para dotar a las políticas de infancia de un sistema robusto y fuerte que tenga como principal objetivo la defensa y resguardo de los derechos de los niños y la desinstitucionalización de los menores en riesgo y aquellos que han violado la ley.

La crisis al interior del Sename cuenta con distintos orígenes. De acuerdo a especialistas en el área, una de las principales razones tiene que ver con el paradigma impuesto a partir de la legislación de 1967, que establece a los menores como "objeto de resguardo", mirada distante a la determinada por la Convención de los Derechos del Niño, que los define como sujetos de derecho. Sin esta prioritaria definición es imposible que se establezca una política pública distinta a la que ha llevado al Estado de Chile a cometer una serie de irregularidades en el resguardo de los menores.

Daniela Díaz, directora ejecutiva de Fundación Pléyades y miembro del Observatorio Niñez y Adolescencia, acusa que "Chile no ha actualizado su legislación ni sus instituciones a los acuerdos internacionales. Se firmó la Convención de los Derechos del Niño hace 27 años, pero eso no se ha traducido en leyes o instituciones que garanticen los derechos del niño", lo que significa dicha firma es solo letra muerta en la legislación chilena. Esto es respaldado por Dimas Santibáñez, coordinador del Diplomado de Niñez y Políticas Públicas y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, quien señala que "la clase política de la época simplemente no leyó la convención, no la entendió y, por lo tanto, solo ratificó para estar a la moda, sin tomar en serio una serie de desafíos que la convención instalaba".

Esta falta de actualización del paradigma rector de la política de infancia en nuestro país sería el resultado de un problema mucho más estructural, que afecta directamente a otras aristas, como, por ejemplo, la salud y la educación, al tiempo que se condice con el modelo de Estado subsidiario que se impuso durante la dictadura y se profundizó tras el retorno de la democracia. Una política cuyo objetivo, según establece Óscar Dávila en su texto Estado y políticas sociales. Del Estado protector al Estado subsidiario, "en el periodo de la Concertación, buscó disminuir y erradicar la pobreza, pero no así la desigualdad". De esta forma, a pesar de que hubo una centralidad en el desarrollo de políticas enfocadas en los más vulnerables, se mantuvo "el énfasis y motor de la política social" en el paradigma del "crecimiento económico y la mantención de ciertos equilibrios en los indicadores macroeconómicos", lo que traería consigo la implantación de un modelo de administración y financiamiento que no logra asegurar otros principios básicos para los niños que dependen directamente del Estado, como la salud y la educación, como se señala desde el Observatorio de la Niñez y la Adolescencia.

El modelo de administración y financiamiento de los servicios, que hasta esta fecha depende del Ministerio de Justicia, pero podría pasar a depender del Ministerio de Desarrollo Social, funciona licitando programas a los colabores, a través de la Ley de Subvención. "El Estado les paga a los organismos colaboradores por niño atendido y cada dos o tres años los programas se licitan. Eso trae inestabilidad laboral", indica Daniela Díaz. Un sistema de financiamiento que, desde el sector de los trabajadores y funcionarios del Sename, reconocen como "perverso, basado en las lógicas mercantiles y propio de un Estado privatizado".

Agregan que es un sistema que no prioriza a los menores y que abre espacio para hacer de la protección de los niños "un negocio lucrativo", el que ha estado sustentado durante décadas por redes clientelares al interior del servicio, principalmente desde la Democracia Cristiana", un hecho que ha sido denunciado en distintas ocasiones por el diputado y ex democratacristiano, René Saffirio, quien declaró que "el Sename es una parcela que ha sido entregada a la DC y el trabajo se ha hecho mal" y apuntó directamente a la ex directora del organismo, Marcela Labraña (militante de la falange).

A la forma de administración y financiamiento del Sename, se le suma su dependencia del Ministerio de Justicia, lo que se condice con una mirada más primitiva del desarrollo de una política social, en donde la seguridad del vulnerado era cuestión de la policía, que resguarda la seguridad social desde un punto de vista punitivo, según señala Rolando Franco en su texto Los paradigmas de la política social en América Latina. En esta misma línea, la diputada independiente, Karla Rubilar, miembro de la Comisión de Familia de la Cámara, explica que un punto preocupante es que Chile –sobre la base de su legislación– prioriza ver a los menores como infractores de ley, antes de considerarlos como sujetos de derechos, lo que quedaría demostrado en que existe una ley especial para la responsabilidad penal de menores, cuando pudieron establecer una política responsable para los niños en general.

En opinión de Dimas Santibáñez, otro punto relevante en cuanto a la administración es que, además de que "la crisis del Sename viene a hacer visible un Estado ausente en política de niñez", deja en evidencia a "un Estado muy centralista, que ha desarrollado pocas capacidades de descentralización y, cuando lo ha realizado, ha dispuesto pocos recursos, por lo tanto, los proyectos han fracasado", puntualiza. A esto se le debe sumar el hecho de que cada servicio desarrolla equipos propios y con actuación parcelada, "por lo tanto, no existe una articulación entre diversas instituciones, proyectos y programas", asegura Santibáñez.

Para la especialista de Fundación Pleyades, las responsabilidades del Estado de Chile por la crisis del Sename constituyen una "deuda histórica, que trasciende a los gobiernos de turno". Añade que los casos de dicho servicio han salido a la luz en reiteradas ocasiones y no se han efectuado grandes transformaciones- "Si los cambios propuestos no se aprueban en este Gobierno, quiere decir que no hemos aprendido nada", plantea.

Por su parte, la diputada Rubilar sostiene que "este es absolutamente un tema de Estado, independientemente de los gobiernos de turno que no han sido capaces –ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial– de tocar esta temática como corresponde y solo ratificamos la Convención de los Derechos del Niño sin hacer ni un mayor esfuerzo de adecuarnos a los estándares que se exigen en la convención".

Uno de los principales objetivos de las propuestas de infancia del segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, residían en fortalecer y robustecer un sistema que a todas luces "hacía agua" y vulnera sistemáticamente los derechos de los niños en nuestro país. Con este objetivo se definió cambiar el sistema de administración desde el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Para ello se incluyó un proyecto de "Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez", que englobara una serie de iniciativas que dieran sustento a la firme de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue en el año 1990 y aún no habían sido asumidas por el Estado chileno.

Una serie de proyectos que en vista de los parlamentarios y especialistas son "más titulares que reales convicciones de tener soluciones definitivas", siguiendo la lógica de 27 años de gobiernos de distintos colores políticos, proyectos capturados por la lógica de "la medida de lo posible" y que no atacan problemas sustanciales como el de mantener la lógica de financiamiento de los servicios de menores a través de la oferta y la demanda, propia de la economía de mercado, más que un sistema de protección de derechos.

La columna vertebral de este proceso de reformas es el proyecto de "Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez" que fue ingresado por el Ejecutivo a finales de septiembre de 2015 y tras ser aprobado por la Cámara fue despachado a la Comisión de Infancia del Senado, en donde debe iniciar su segundo trámite constitucional. La iniciativa busca generar un marco integral para la protección y garantía de los derechos de los niños, más allá de los que están en un estado de vulnerabilidad. Estará "integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños", según destaca el Gobierno.

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