Tribunal Constitucional español declaró ilegal la ley que convocó a referéndum catalán

Tribunal Constitucional español declaró ilegal la ley que convocó a referéndum catalán
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró, por unanimidad, la inconstitucionalidad y nulidad de la ley del referéndum aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de septiembre y suspendida cautelarmente por el TC el día 7.


La sentencia sostiene que durante la tramitación parlamentaria de la ley el Parlament incurrió "en muy graves quiebras del procedimiento legislativo", que afectaron "a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes".

El texto incide en que "un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento".

En su decisión el Tribunal afirma que "la norma invade competencias estatales en materia de consultas de carácter referendario y vulnera, entre otros principios constitucionales, la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española".

Sobre la invasión de competencias, el Tribunal recuerda que el Estado tiene competencia exclusiva en "el instituto del referéndum", en cualquier "modalidad o ámbito territorial". Un referéndum concebido para la "redefinición de la identidad y unidad del sujeto titular de la soberanía" solo puede encauzarse mediante reforma constitucional.

La ley del referéndum catalán es "con toda evidencia, inconstitucional" porque es contraria a "principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional: la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de Derecho, y la propia supremacía de la Constitución".

La permanencia o no de Cataluña en el Estado no podría ser decidida, advierte el titular, sólo por Cataluña, sino por todos los ciudadanos de España. "Lo contrario entrañaría, con la ruptura de la unidad de la ciudadanía, la quiebra, en términos jurídico-constitucionales, de la Nación de todos".

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